La acentuada nota paternalista del gobernador de Tucumán, general y doctor Alejandro Heredia -quien mandó de 1832 a 1838- aparece nítida en la gran mayoría de sus decretos. Por ejemplo, en el del 14 de febrero de 1834 consideraba que era "deber del Gobierno" conocer "las inclinaciones, vida y costumbre" de los habitantes.
Esto, para corregir y castigar a los "vagos y mal entretenidos" que "desfiguran con sus vicios el buen semblante de la provincia, pervirtiendo a los bien intencionados". Eran los que, sobre todo en el campo, atizaban constantemente "la división del vecindario" con sus "calumnias, chismes, enredos y especies seductivas", de todo lo cual resultaban "indecibles males".
Así (y advirtiendo que era preciso descartar "delaciones infundadas", y no entrometerse en "la vida, genio ni costumbres domésticas o privadas" no perjudiciales), los jueces de ciudad y campaña debían averiguar sobre estos fomentadores de "la discordia y la división". Tenían que ser "capturados inmediatamente" y remitidos al Gobierno para que, justificado el hecho y su clase, "sufran las penas establecidas por la Ley de Indias e Instrucción de Intendentes". Como se ve, seguían rigiendo las normas reales españolas, a 18 años de declarada la Independencia.
Encargaba a los magistrados, en la campaña, que "cuiden, celen y activen las más serias providencias para extirpar este vicio, que tanto perjudica y altera el orden y sosiego público entre vecinos y familias". Pero, como lo decían los considerandos, debían "oír con cautela" las delaciones, "que excitan generalmente el odio y la venganza".
Esto, para corregir y castigar a los "vagos y mal entretenidos" que "desfiguran con sus vicios el buen semblante de la provincia, pervirtiendo a los bien intencionados". Eran los que, sobre todo en el campo, atizaban constantemente "la división del vecindario" con sus "calumnias, chismes, enredos y especies seductivas", de todo lo cual resultaban "indecibles males".
Así (y advirtiendo que era preciso descartar "delaciones infundadas", y no entrometerse en "la vida, genio ni costumbres domésticas o privadas" no perjudiciales), los jueces de ciudad y campaña debían averiguar sobre estos fomentadores de "la discordia y la división". Tenían que ser "capturados inmediatamente" y remitidos al Gobierno para que, justificado el hecho y su clase, "sufran las penas establecidas por la Ley de Indias e Instrucción de Intendentes". Como se ve, seguían rigiendo las normas reales españolas, a 18 años de declarada la Independencia.
Encargaba a los magistrados, en la campaña, que "cuiden, celen y activen las más serias providencias para extirpar este vicio, que tanto perjudica y altera el orden y sosiego público entre vecinos y familias". Pero, como lo decían los considerandos, debían "oír con cautela" las delaciones, "que excitan generalmente el odio y la venganza".